REPRESIÓN CONTRA LOS MEDIOS de Juan Páez Ávila


La tendencia represiva contra los medios de comunicación social y los periodistas, por parte del gobierno de Hugo Chávez, se hace más evidente en la medida en que las encuestas revelan la caída del comandante y en especial el rechazo a la cubanización de su política y a la expropiación de fincas en producción –y no de latifundios- y a empresas privadas productivas que en poco tiempo son convertidas en desaguadero de dineros públicos por las pérdidas que le ocasionan al erario nacional, en perjuicio de los sectores populares y de la clase media, cuyos problemas económicos se agravan con la inflación.
La amenaza, aparentemente frustrada, de aprobar una Ley contra Delitos Mediáticos y el cierre de 240 emisoras de radio, por parte del gobierno nacional, refleja claramente una política de retaliación contra los medios radioeléctricos, sus dueños y periodistas que han asumido una posición crítica frente a diversas medidas de la administración pública ejerciendo un derecho establecido en la Constitución Nacional vigente. Y aunque el golpe afectará seriamente a un sector importante del espectro comunicacional del país, en un futuro no muy lejano las medidas de corte represivo se pueden revertir contra el gobierno, porque es equivocada la apreciación de que la información que transmiten los medios es la responsable de la crisis que atraviesa el país.
Las protestas sociales que se registran a diario a escala nacional, por la ineficiencia y corrupción de altos funcionarios gubernamentales, no desaparecerá porque se sancione a los dueños y a los periodistas de los medios que se hacen eco del gran desastre que significa el déficit de más de 2 millones de viviendas, la ruina de los hospitales y la falta de insumos en los mismos, la inseguridad que representa el hampa que asesina, atraca a toda hora e impone un toque de queda a partir de las primeras horas de noche en los principales barrios y urbanizaciones de todas la ciudades de Venezuela; el creciente desempleo por la falta de inversiones nacionales e internacionales en la industria y la agricultura nacionales; el despilfarros de miles de millones de dólares en ayudas a otros países y no resolver los más graves problemas sociales que viven centenares de miles de venezolanos pobres.
Mientras el Ministerio de Obras Públicas no ha podido construir una elemental infraestructura de nuevas autopistas y carreteras, hospitales y escuelas que le den trabajo a miles de venezolanos desempleados e impulsen el desarrollo y bienestar de los más pobres, el jefe de ese Despacho, al frente de Conatel, se ocupa de cerrar emisoras de radio no sólo aumentando el desempleo, sino también violando la libertad de expresión de los comunicadores sociales y el derecho de información de la sociedad en general.
El agravante de esta política aparentemente legal, es que los delitos mediáticos no los determina un juez de acuerdo con la legislación vigente respetando el debido proceso, sino después que el Ministro ha decidido cuál es el delito y ejecutado la sanción administrativa. Es decir, ni siquiera guardan las apariencias utilizando fiscales y jueces nombrados a dedo, sin concursos, que obedecen al Poder Ejecutivo que ordena desde Miraflores a los demás poderes lo que deben dictaminar para imponer el pensamiento único del jefe del estado.
Chávez olvida que mientras no resuelva la crisis política del país, los problemas sociales y económicos que confronta una mayoría de venezolanos de bajos recursos, de muy poco le valdrán los controles políticos, como no le sirvieron a Pérez Jiménez para detener la protesta masiva de una sociedad cada día más consciente de los valores del voto, de la libertad y la democracia.

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