IGLESIA comprometida de Julio César Arreaza B.


La Iglesia venezolana siempre ha levantado su voz de manera clara en favor de los que carecen de voz, y no ha dejado de hacerlo en momentos críticos del acontecer nacional, con la humildad, autoridad moral, coherencia de vida y sabiduría que la caracteriza; tal cual como lo viene haciendo en estos diez largos años azarosos, frente a los desmanes cometidos por el régimen que manda y no gobierna.

La Iglesia Católica, parte de la sociedad democrática, persigue el bien común, la convivencia, la estabilidad social y la defensa de los Derechos Humanos fundamentales. Los sacerdotes, monjitas y religiosos son ejemplos de vida austera, no mediante el discurso social altisonante y de ocasión, lanzado por los capitostes del régimen, en medio del boato de riqueza mal habida, sino compartiendo con el pobre en su vida diaria llena de limitaciones y viviendo en su mismo barrio.

Ha señalado que después del referendo inconstitucional del 15F, el régimen ha acelerado la imposición unilateral del proyecto de socialismo del siglo XXI, irrespetando la voluntad popular, al desconocer a las autoridades electas en noviembre de 2008, cercenándoles sus atribuciones; lo cual contraría la igualdad que debe privar entre todos los electos.

Llama la atención acerca de los proyectos de leyes que afectan a los ciudadanos y a la familia: célula fundamental de la sociedad, referidos a la educación, la equidad e igualdad de género, la propiedad social y la libertad de expresión e información. Resulta obligante consultar a toda la sociedad sin exclusiones sobre temas tan sensibles. Preocupa la celeridad en la discusión en tiempos de vacaciones.

En cuanto a la Ley de Educación, hay que darle cabida a todas las corrientes del pensamiento y la familia tiene una palabra que decir sobre la educación de sus hijos y el tipo de escuela a la que asisten. Las personas poseen una dimensión religiosa, de allí la necesidad de esa educación, dentro del horario escolar, según las diferentes creencias. La Iglesia pone el foco en la dramática exclusión educativa en el sector de los jóvenes que se encuentran entre los 15 y 19 años, siendo esto una causa eficiente de la delincuencia.

Con relación a la Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género, se cometen graves violaciones y daños irreparables a derechos y estructuras fundamentales de la sociedad venezolana, reconocidos y garantizados en la Constitución, concretamente a las instituciones del matrimonio y la familia y el interés superior de niños, niñas y adolescentes, al legitimar uniones del mismo sexo. Igualmente se desconoce la protección constitucional al derecho a la inviolabilidad de la vida humana, por medios anticonceptivos y el aborto. Se vulnera el derecho de gozar de una estructura familiar constituida por un hombre y una mujer y sus hijos.

Urge por tanto salvaguardar el derecho de todo niño, niña y adolescente a ser formados y educados en el seno de su familia natural. El futuro de nuestra sociedad depende del respeto y protección que se garantice al matrimonio y la familia, instituciones fundamentales en todos los países.

En cuanto a la Ley de Medios de Comunicación, los diferentes grupos que interactúan en la sociedad deben encontrar espacios para ofrecer sus planteamientos que coadyuven a la formación de la opinión pública. La libertad de expresión es uno de los derechos humanos fundamentales que propicia el desarrollo integral del ser humano, lo conduce a la búsqueda de la verdad y constituye una herramienta para la participación y defensa de la democracia. No hay libertad cuando los medios, ya estén en manos privadas o en manos del gobierno, informan sólo lo que les interesa, ocultando noticias, tergiversando sucesos y no permitiendo el acceso a la opinión pública a quienes no están alineados con ellos.

La Iglesia ve con suma preocupación que legislaciones sin suficiente consulta y sin consenso, pretendan imponer hegemónicamente una determinada visión de la vida y de la sociedad.

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