AL PIE del cañón de Julio César Arreaza B

La iglesia venezolana siempre ha levantado su voz de manera clara en favor de los que carecen de voz, y no ha dejado de hacerlo en momentos críticos del acontecer nacional, con la humildad, autoridad moral, coherencia de vida y sabiduría que la caracteriza; tal cual como lo viene haciendo en estos diez largos años azarosos, frente a los desmanes cometidos por el régimen que manda y no gobierna.
La iglesia católica, parte de la sociedad democrática, persigue el bien común, la convivencia, la estabilidad social y la defensa de los derechos humanos fundamentales. Los sacerdotes, monjitas y religiosos son ejemplos de vida austera, no mediante el discurso social altisonante y de ocasión, lanzado por los capitostes del régimen, en medio del boato de riqueza mal habida, sino compartiendo con el pobre en su vida diaria llena de limitaciones y viviendo en su mismo barrio.
Ha señalado que después del referendo inconstitucional del 15 F, el régimen ha acelerado la imposición unilateral del proyecto de socialismo del siglo XXI, irrespetando la voluntad popular, al desconocer a las autoridades electas en noviembre de 2008, cercenándoles sus atribuciones; lo cual contraría la igualdad que debe privar entre todos los electos.
Llama la atención acerca de los proyectos de leyes que afectan a los ciudadanos y a la familia: célula fundamenta de la sociedad, referidos a la educación, la equidad e igualdad de género, la propiedad social y la libertad de expresión e información. Resulta obligante consultar a toda la sociedad sin exclusiones sobre temas tan sensibles. Preocupa la celeridad en la discusión en tiempos de vacaciones.
En cuanto a la Ley de Educación, hay que darle cabida a todas las corrientes del pensamiento y la familia tiene una palabra que decir sobre la educación de sus hijos y el tipo de escuela a la que asisten. Las personas poseen una dimensión religiosa, de allí la necesidad de esa educación, dentro del horario escolar, según las diferentes creencias. La iglesia pone el foco en la dramática exclusión educativa en el sector de los jóvenes que se encuentran entre los 15 y 19 años, siendo esto una causa eficiente de la delincuencia.
Con relación al proyecto de Ley Orgánica para la Equidad e Igualdad de Género, se cometen graves violaciones y daños irreparables a derechos y estructuras fundamentales de la sociedad venezolana, reconocidos y garantizados en la Constitución, concretamente a las instituciones del matrimonio y la familia y el interés superior de niños, niñas y adolescentes, al legitimar uniones del mismo sexo. Igualmente se desconoce la protección constitucional al derecho a la inviolabilidad de la vida humana, por medios anticonceptivos y el aborto. Se vulnera el derecho de gozar de una estructura familiar constituida por un hombre y una mujer y sus hijos.
Urge por tanto salvaguardar el derecho de todo niño, niña y adolescente a ser formados y educados en el seno de su familia natural. El futuro de nuestra sociedad depende del respeto y protección que se garantice al matrimonio y la familia, instituciones fundamentales en todos los países.
En cuanto a la Ley de Medios de Comunicación, los diferentes grupos que interactúan en la sociedad deben encontrar espacios para ofrecer sus planteamientos que coadyuven a la formación de la opinión pública. La libertad de expresión es uno de los derechos humanos fundamentales que propicia el desarrollo integral del ser humano, lo conduce a la búsqueda de la verdad y constituye una herramienta para la participación y defensa de la democracia. No hay libertad cuando los medios, ya estén en manos privadas o en manos del gobierno, informan sólo lo que les interesa, ocultando noticias, tergiversando sucesos y no permitiendo el acceso a la opinión pública a quienes no están alineados con ellos.
La iglesia ve con suma preocupación que legislaciones, sin suficiente consulta y sin consenso, pretenden imponer hegemónicamente una determinada visión de la vida y de la sociedad.
Nosotros laicos llamados a ordenar las realidades temporales conforme al designio amoroso de Dios, nos complace afirmar que nuestra Iglesia se encuentra al pie del cañón.

LEDEZMA EN LA OEA de Juan Páez Ávila


Después del resonante éxito que obtuvo el Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, al exponer su vida en una riesgosa huelga de hambre en la sede la Organización de Estados Americanos, al lograr que el gobierno del Presidente Chávez le hiciera entregar el dinero para cancelar los sueldos y salarios de más de 20 mil trabajadores de su dependencia, y que el Presidente de la OEA. Dr. Insulza atendiera su solicitud de oír la opinión de una delegación de gobernadores y alcaldes de la oposición electos por el voto mayoritario de sus respectivas jurisdicciones electorales, el mundo democrático ha podido conocer las graves violaciones a la Constitución Nacional y a la Carta Democrática Interamericana, por parte del gobierno de Hugo Chávez.
La documentación presentada por el Alcalde Metropolitano y los gobernadores del Zulia y del Táchira, Pablo Pérez y César Pérez Vivas, en la que se demuestra la inconstitucionalidad de diversas reformas de leyes que modifican la Carta Magna de nuestro país, con un evidente despropósito autoritario, y que de no ser frenado devendría en muy poco tiempo en un régimen totalitario. Como Adolfo Hitler hizo aprobar diferentes leyes para justificar ante el mundo que actuaba en el marco de la legalidad, que le permitieron cometer todo tipo de crímenes contra la humanidad, Hugo Chávez se enrumba en esa dirección. El Golpe de Estado desde el Estado, ha sido la síntesis de lo expuesto por la delegación opositora ante representantes de la OEA y de altos funcionarios de los gobiernos democráticos de América Latina y de los Estados Unidos..
Y aunque la solución de los problemas venezolanos creados por la acción arbitraria del gobierno de Hugo Chávez, sólo podrá ser lograda por la acción unitaria de los venezolanos con conciencia democrática, tal como lo han expresado los miembros de la delegación en Washington, la denuncia de los atropellos gubernamentales contra la oposición democrática, coloca al desnudo al régimen chavista que ha pretendido ganarse la opinión pública internacional, defendiendo la democracia en otros países.
De allí que la presencia del Alcalde Ledezma y los Gobernadores Pablo Pérez y Pérez Vivas en la OEA, por el mensaje que apuntalan sus convicciones democráticas, ha constituido para la causa de los demócratas de Venezuela y América Latina, una trascendental jornada de defensa de las libertades públicas y de la Carta Democrática Interamericana.
La OEA y la ONU no sólo deberán exigir la realización de elecciones libres, transparentes y universales, para otorgar legitimidad a un gobierno o a un jefe de estado electo por mayoría. La experiencia venezolana y de otros países de América Latina que han seguido los pasos o las políticas incriminatorias del gobierno de Hugo Chávez contra la oposición democrática, indican que se debe imponer como norma de obligatorio cumplimiento el respeto a la independencia de poderes, a los derechos humanos y a la disidencia, para que un gobierno sea considerado democrático.

Sin derechos sobre la propiedad privada: el camino de la ruina

Alexander Guerrero E.
Economista phD
Venezuela

I. De cómo muere el capitalismo

Desde 1999, el gobierno –reelecto posteriormente- se propuso en acabar el régimen de reglas que conformaba un incipiente y poco desarrollado régimen socio-económico capitalista. A los venezolanos, a su vieja y agotada dirigencia policía, al empresariado, organizado tanto en coaliciones redistributivas como en lobbies y grupos de interés corporativos, así como la misma inteligencia académica nacional, le costó creer que la agenda política estaba dirigida en el mediano plazo a acabar con el régimen de libertades económicas, propiedad privada, con el capitalismo en una sola palabra.

Después de todo, el capitalismo como régimen socio económico no era ni es muy popular en estos círculos corporativos, el desarrollo hacia el capitalismo fue truncado en el mismo comienzo del régimen democrático, cuando las libertades económicas se suprimieron. El sustituto creado fue un régimen económico de relaciones mercantilistas y rentistas, desde donde el mercantilismo y la captura de renta sin compensación han sido una tradición y una querencia muy arraigada.

Sin embargo, el germen de una sociedad capitalista desarrollada sobrevivía, aunque maniatado por esas relaciones mercantilistas; los mecanismos jurídicos y políticos que restringían los derechos de propiedad aunque de manera informal, pese la formalidad jurídica existente, en cierto modo crearon un régimen informal –y a ratos formal- de reglas arbitradas sin la protección de los contratos por el mismo Estado.

Con la llegada del actual gobierno en 1998, y que en su credo ideológico expuesto en la propia constitución, era visible sin dificultades que el régimen recién llegado venia por el camino de destruir las reglas que soportaban la propiedad privada y sus derechos, hoy o mañana ello era evidente.

Por estas cuartillas, desde el mismo inicio -1999- lo veníamos advirtiendo, pero el escaso apego cultural por la propiedad privada y sus derechos que existe dentro del común, impidió divisar colectivamente que gradualmente al principio y mas apresurado en los últimos anos, el objetivo del gobierno del Presidente Chávez era acabar con ese incipiente y truncado capitalismo y destruir los mecanismos reproductores de la propiedad privada y sus derechos. Tampoco se percato el colectivo venezolano que con el debilitamiento del marco jurídico que respete y haga respetar los derechos de propiedad, también por ese camino se estaban perdiendo las libertades básicas del individuo. Las alarmas sonaron algo tarde, la lucha por la propiedad privada y las libertades individuales ha comenzado.

1, El capitalismo y libertades básicas

Sin embargo, y más allá de la actual agenda de destrucción del capitalismo, el germen de su destrucción estaba incubado en la misma sociedad que hoy reclama el respeto a sus derechos de propiedad, y retroalimentado por un régimen de incentivos creado por una renta fiscal de origen rentista en propiedad del Estado –gobierno. Ese entorno rentista precariamente sustentaba un debilitado régimen de derechos de propiedad, -un marco jurídico que privilegiaba lo público sobre lo privado-, fuertemente mediatizado por los elevados costos de transacción que imponía la presencia de un estado que intervenía en todas las áreas de la actividad económica de los venezolanos.

Veamos que desde el mismo inicio, en 1960, el constituyente de principios de la democracia fulminó las garantías económicas, recién aprobada la nueva constitución, al suspenderlas, proceso que abarco un largo periodo de cuatro décadas; un verdadero crimen histórico, y además un grueso desconocimiento por parte de ese liderazgo político, de los motores de la historia contemporánea.

Acotemos por un instante que la suspensión de las garantías económicas fue un cálculo político sin fundamento económico de la dirigencia política de aquellos años que careció de inteligencia colectiva suficiente como para prever el enorme costo social –aparentemente terminal- que imponía sobre un régimen económico que mutilaba así los naturales incentivos para la creación de empresas, riqueza y desarrollo.

De esta manera se obligaba a quienes tenían capacidad de inversión y espíritu empresarial a “arrecostarse” a la renta del Estado, a la renta del petróleo, así convertía a capitalistas en mercantilistas y parásitos de fisco –renta del petróleo- y los políticos como poleas de transmisión entre ellos y el Estado redistributivo, alimentando su espíritu rentista; la corrupción y la quiebra de las reglas de una natural economía de mercado, constituían así un proceso causal, la ruina del capitalismo natural engendraba una monstruosa corrupción, cuyo clímax "natural" es alcanzado varias décadas después con la revolución del “socialismo del siglo XXI”, por cierto, idéntico al del siglo XIX y XX.. En otras palabras, esta “revolución socialista” no puede ser considerada como un “salto atrás” de la historia, hay un lógico encadenamiento histórico en todo esto, estos lodos de hoy son aquellos polvos de ayer.

2.De los partidos para la redistribución de la renta

Acomodarse con la clase política, y arrimarse al fisco para captura de renta -sin compensación- era y es un comportamiento más rentable para alcanzar riqueza, que emprender capitales y fundar empresas; después de todo la clase política había encarecido costos de transacción por intervención del Estado y exceso de regulaciones para la creación de organizaciones empresariales rentables, estas se constituían con amparo del Estado; sin embargo, ese régimen de derechos de propiedad existente, aunque precario y mediocre, se fue desarrollando esencialmente sobre reglas informales y algunas “buenas costumbres” configurando un estado de derecho con amplia debilidad jurídica, donde la política del día día y la acción de los partidos definía el alcance en la relación derechos de propiedad, libertades económicas y crecimiento económico.

Ese sistema socio-económico hizo aguas con la caída de los valores de exportación del petróleo, madre de la renta a redistribuir, el bienestar de los venezolanos estaba sujeto a los vaivenes de la renta petrolea y no al trabajo productivo de cada quien. El terreno abonado para costosas aventuras históricas, es lo que experimentamos en estos años de camino al comunismo, el punto inmediato de una pobreza colectiva.

El tiempo en el mediano plazo paso la factura de ese penoso régimen fundado en los sesenta, el crecimiento económico comenzó a apagarse, agotándose rápidamente el modelo basado en un capitalismo tutelado por la política y el estado, un capitalismo sin reglas definidas que permitiera crear empresas con bajos costos de transacción, es decir un capitalismo puro y simple. El boom petrolero de mediados de los setenta, y como era lógico en una renta que provenía del petróleo en manos del Estado, vino a reforzar la intervención de este, ahora como un gran empresario en sectores claves de la economía desplazando de esta manera la presencia del capital de la gente.

Un cambio constitucional y un sistema jurídico jurisprudencial escribe las reglas de cómo muere el capitalismo –propiedad privada- y como sobre esta ruina nace el socialismo. Un enjambre de leyes y jurisprudencia creada en el TSJ va acomodando la propiedad privada en manos del Estado, para ello se despliegan en un marco jurídico precario e incierto mecanismos de estatificación, nacionalización y expropiación, acumulando una deuda pública total, -contingente y documentada- que hoy supera el 60% del PIB.

En ese sentido no es difícil prever para el mediano plazo, que con la caída del ingreso petrolero, frente a un Estado que demanda enorme volumen de fondos fiscales tanto para servir su deuda y pagar el precario gasto público, hoy la mitad del PIB, la pobreza por ruina de la propiedad privada – en el marco del socialismo- entraría en un círculo vicioso, a la cubana, en un país que en los 90 perdió el autobús de la historia.

3. Se acaba el boom del petróleo, vienen las reformas y también la gran conspiración

Al acabarse el boom petróleo, la historia es conocida, el crecimiento se acabo y la economía entro entonces en un proceso de estancamiento y contracción de naturaleza secular, una enorme crisis fiscal, seguida de una crisis financiera con quiebra de más de la mitad del sistema financiero que tal como hoy se mueve sobre incentivos rentistas, resultaron de esa penosa carga social y económica que arrastraba un estado poderoso , hacedor de reglas, y dueño de una inmensa cantidad de empresas quebradas.

Las reformas económica de comienzo de los noventa estaban dirigidas a romper ese perverso régimen recesivo y retrogrado económicamente hablando, pero una gran coalición rentista, empresarios, partidos políticos, curas, militares y comunistas, amalgamaron sus intereses rentistas y dieron fin a el primer y único momento modernizador de un país que estaba decidió a vivir en el pre-capitalismo.

Primero la organización social en manos de los partidos rentistas y las agrupaciones policías y militares comunistas conspiradoras desde décadas anteriores, militaron en el proceso de detener las reformas, así llego el caracazo en 1989 y los golpes del 92. Los partidos políticos purgaron a los reformistas y sin saberlo porque la escasa inteligencia mediocremente reproducida en cuatro décadas de administración ruinosa, y los intereses rentistas dominarían en lo sucesivo para –como el Kerenski de la historia rusa- entregarle el poder político a quienes si tenían una agenda anticapitalista evidente. Diez años de historia, muestran hoy el avance de la agenda socialista bajo la ruina del capitalismo y la propiedad privada.

4. El nuevo boom petrolero y la muerte del capitalismo

La historia de destrucción del capital viene atada a las restricciones a las libertades, las económicas comienzan lentamente a desaparecer. Leyes, decretos y una competencia desleal del Estado como empresario crean grandes restricciones a la inversión privada, la abundancia de reservas internacionales es aprovechada por el gobierno para envilecer al mercado, el control de cambio se convierte en el paredón económico de la revolución socialista, es económico y fácil importar antes que producir localmente, el Estado y el gobierno acentúan ese mecanismo de depredación que tiene la ruina como objetivo, o si se prefiere como consecuencia no-intencionada.

Una economía fundamentada en el reparto de la renta petrolera, y sentada sobre el abaratamiento depredador de las importaciones ha venido aniquilando la capacidad productiva nacional, proceso que fue descapitalizando la empresa capitalista nacional, para ser sustituida tanto por el Estado como empresario como por empresas basadas en un mercantilismo de tipo rentista, favorecidas políticamente en el proceso de distribución de divisas.

Por otro lado, el cambio del régimen jurídico y el derretimiento de los derechos de propiedad fueron incrementando costos de transacción contribuyendo consistentemente en la muerte del capitalismo, para dar paso a un régimen socioeconómico de tipo mercantilista –no capitalista- basado en favores, corrupción, competencia desleal, protección del estado, y rentismo en general.

Con el agotamiento de la expansión del gasto público tanto del gobierno como del que fue asignado a PDVSA, la explosión de la burbuja petrolera con la caída de los precios la contracción de la economía se quiebra el remanente productividad y rentabilidad del escaso capital venido a menos.

El perfil de pobreza que emerge lo dibuja el intenso proceso de descapitalización, tanto del capital físico como humano, lo que a todo evento muestra en un horizonte cercano las angustias sociales que hoy se acumulan. Nada que no hubiéramos adelantado en estos años de revolución socialista. El final lo conocemos, porque después de todo el menú socialista de pobreza y ruina tiene demasiada historia, demasiada evidencia, solo miremos a Cuba y tendremos el comienzo de la película.

II. Del capitalismo y la propiedad privada: sus derechos


1.Derechos de propiedad: el aspecto más importante de la propiedad privada

Los derechos de propiedad se definen como un poder establecido refrendado por la ley que excluye a otros del uso de un activo sin la necesidad de contratar con ellos, de manera que al tener el derecho de propiedad sobre ese activo, los derechos de uso, posesión y disposición están concentrados en un solo individuo, esencia natural del hombre.

Si otro individuo desee cualquiera de esos componentes de esa propiedad, tendrá que ejercer una negociación voluntaria con su titular para obtenerla, en economía esa negociación se denomina contrato; para que tenga valor de mercado su cumplimiento es obligado y reforzadamente normado por un árbitro, en general el Estado moderno que protege para garantizar que los derechos de las personas y su propiedad se intercambie sobre un proceso legitimo de capitalización. Así toma se forman la propiedad y sus derechos en el capitalismo, por lo que el ejercicio pleno de esos derechos requiere el ejercicio pleno de las libertades, el respeto por el derecho a la vida; vida, libertad y propiedad entran así en la rutina social del individuo en una sociedad moderna.

En economía, en la actividad económica de los hombres, los derechos de propiedad – técnicamente- se ejercen en términos utilitarios, conectando el establecimiento de la propiedad privada –sus derechos de propiedad- y las prescripciones acerca de cómo definir tales derechos, con el proceso de creación de riqueza y en el bienestar de los individuos. Por ello, y por razones de políticas públicas, la economía alerta a los gobiernos acerca de los acuerdos de costo/beneficio que envuelve la definición y especificación de los derechos de propiedad.

Cuanto peso se debe colocar a cada lado de esos acuerdos, dependerá de la cuantificación de los costos/beneficios a ambos lados, de allí las prioridades de políticas públicas que endosan a los gobiernos en cuanto a la generación de un marco jurídico -reglas de juego- – gobiernos para la protección de los derechos de propiedad porque sin esa premisa legal férreamente establecida el proceso de creación de riqueza se envilece generando en consecuencia mecanismos de empobrecimiento global.

Es nuestro caso, donde el gobierno del Presidente Chávez al forzar políticamente por intermedio de violencia institucional en unos casos y amparado legalmente en otros el establecimiento de la propiedad colectiva o estatal, expropiando a sus ciudadanos, de su propiedad capitalizable ha disparado los mecanismos básico de generación de pobreza en la sociedad, los indicadores socioeconómicos así lo confirman.

2. Derechos y propiedad privada


Los derechos de propiedad, definidos como uso, goce y disponibilidad (derecho de contratar) implican el disfrute de beneficios de dos modos. En primer lugar, ejerciendo una función de asignación de recursos y en segundo lugar estimulando la producción. La función de asignación se ejerce para facilitar el orden social; por ejemplo, si fuese posible para un número ilimitado de individuos utilizar el mismo activo – la tragedia de los comunes- simultáneamente, y si quisiesen solo un concepto fundamental de propiedad, la asignación de los activos a sus propietarios seria incompleta, compleja y provocaría elevados costos de transacción y empobrecimiento.

Cuales serian entonces las consecuencias por la supresión de algunos de los componentes de los derechos de propiedad ? Los individuos estarían en constante lucha para aferrarse a ‘sus’ posesiones - el estado Hobbesiano- en un proceso de gastos y asignación de recursos con altos costos de transacción por hacer valer por vía ‘privada’ los derechos de propiedad por vía armada, seguridad personal, etc, lo que conduce a la generación de externalidades negativas inducidas por los altos costos de transacción e inviabilidad de los mecanismos de rentabilidad económica.

La propiedad pierde valor, el empobrecimiento, el común denominador. Ejemplos, muchos; las declaraciones del Presidente respecto de la propiedad urbana y rural ha traído envilecimiento de precios y descapitalización de la vivienda familiar y de los balances de las familias; y en las zonas rurales la caída de la producción agrícola y la pérdida de capacidad crediticia del agricultor con impacto en el desempleo y empobrecimiento rural.

La alternativa seria disponer esos activos en propiedad colectiva; es decir en manos del Estado bajo el supuesto de bien común, como en las sociedades socialistas/comunistas, y tal como lo forza el gobierno venezolano en la actualidad. Transformado la propiedad privada en propiedad colectiva o autogestionaria –estatal por defecto- provoca altos costos por administración y por uso de esos activos y por la imposibilidad de ejercer los derechos de disposición de esos bienes, dejaría un régimen económico ineficiente y no competitivo, como el cubano y el coreano, dado que los individuos solo dispondrían del uso y el goce en el mejor de los casos. De nuevo un proceso de empobrecimiento seguiría en consecuencia.

3. Las restricciones a los derechos de propiedad.

La actual constitución y su jurisprudencia, inutiliza ese componente básico –disposición y libertad de contratar- de la propiedad y sus derechos cuando los remite con rango constitucional sujetos a un supuesto e indefinido interés social. Un número importante de leyes relacionadas con la economía parte de este fraude constitucional limitando severamente los derechos de propiedad en vastos sectores de la actividad económica nacional, con la respectiva secuela de descapitalización que hoy es notoria en los niveles de desempleo estructural.

Es el caso de tierras comunes en manos del Estado o en las cooperativas establecidas en los últimos anos como consecuencia de las expropiaciones. La tierra tiende a ser mal utilizada erosionando su valor dado que ningún individuo tendría el incentivo para preservarlo, porque esos costos –por no cuidar su valor- se “reparten” entre todos sus adjudicatarios, así como el despilfarro y corrupción de fondos públicos provenientes de los impuestos de la gente.

Los derechos de propiedad representan intrínsecamente una función económica ya que tienden a asegurar que los activos sean poseídos por aquellos que mas los valoran, donde este es medido en los términos monetarios que un individuo desea dar por ese activo; es decir, ocurre un proceso de maximización de la riqueza en ambos lados de la transacción, regido por un proceso de minimización de costos, incluidos los costos de transacción.

Los menores costos de transacción que suceden cuando se asignan activos a sus plenos propietarios – plenos derechos de propiedad – vía mercado como es natural, se facilitan las oportunidades para el intercambio, dado que para que este ocurra es necesario que ambos lados vean un incremento de su bienestar y riqueza.

4. Arbitraje de los derechos de propiedad

Muchos de los bienes, objetos, activos que valoramos son el producto de artificio y del trabajo del hombre. Con plenos derechos de propiedad los bienes son poseídos de manera que se mejora el valor de la propiedad (tierra y bienes de capital por ejemplo) permitiendo al mismo tiempo apropiarse del valor a través de mayor producción. De esta manera, los derechos de propiedad proveen de un incentivo para incrementar la producción y la productividad.

Los beneficios de la producción y del proceso de asignación que proveen los derechos de propiedad permiten en conjunto, expandir las posibilidades de producción e intercambio, incluyendo una más elaborada coordinación productiva.

La seguridad por mantener plenos derechos de propiedad liberara recursos previamente utilizados en costos para hacer valer los derechos de propiedad por vía privada. Así el tamaño de la “torta social” –representativa de los bienes y servicios consumidos crecerá.

Sin embargo a manera de redondear los costos y beneficios por los acuerdos establecidos para reconocer y hacer valer – como bien público - los derechos de propiedad es necesario contabilizar esos costos.

5 Los costos por los derechos de propiedad

El primer costo es el costo por refrendar legalmente los derechos de propiedad. Esos costos pueden incluir los gastos del Estado en tribunales y policía y que son “financiados” con impuestos, que se incurren para definirlo apropiadamente, para refrendar y proteger los límites de la propiedad de atentados contra ella, códigos penales, etc. Los costos para determinar si los derechos de propiedad son infringidos constituyen un componente de estos costos, lo cual de paso es particularmente relevante a la propiedad intelectual.

El segundo componente de costos, lo son los costos por transferir los derechos de propiedad o mejor dichos costos de transacción. Entre estos costos se contabilizan las externalidades negativas que provocan los gobiernos y el Estado al intervenir perversamente en el proceso económico, bien como propietario o bien como rector del régimen económico. En este último caso se enmarcan todas las modalidades de economías rentistas que se generan por la intervención perversa del Estado en la economía, distinta a la de estimular la competencia, desregular, promover y regular los abusos de posición de dominio de ciertas actividades económicas.

El tercer costo, lo constituyen los costos por búsqueda de renta, y en cierto modo son extensiones de los costos de transacción. Ejemplo de ellos ocurre en aquellas tierras baldías en el contexto de propiedad física, dado el costo de laborar la tierra cultivable antes de que de beneficios y causando erosión en el valor de la tierra.