EXPROPIACIONES Y CONFISCACIONES de Juan Páez Ávila

Ante el evidente fracaso económico y social de las empresas nacionalizadas o estatizadas por el gobierno de Hugo Chávez, la protesta contra este tipo de política se ha extendido a diversos sectores de la sociedad. No sólo protestan los dueños, directamente afectados, sino también los trabajadores, muchos de los cuales han visto y sufrido la desaparición de sus empleos, a otros el gobierno no les paga las prestaciones y se retrasa varios meses para cancelarles las respectivas quincenas. Y el país político también cuestiona la estatización de empresas grandes y medianas, porque la experiencia mundial e incluso la nuestra, registra pérdidas millonarias y un retraso en el desarrollo, que se manifiesta en más pobreza, en más miseria para miles o millones de personas.
A lo que hay que agregar que la ocupación de tierras del sector privado por parte del gobierno, sin el debido proceso o apego a lo establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela de compensar adecuadamente a los expropiados, según denuncian los afectados no se han cumplido en la mayoría de los casos, lo cual constituye una apropiación indebida y por lo tanto un delito, que tarde o temprano los tribunales de la República dictaminarán y obligarán al Estado a pagar el justo precio o a devolver las tierras a sus antiguos dueños, y posiblemente cancelando daños y perjuicios. Denominar confiscaciones a esas apropiaciones por parte del Estado de tierras particulares, es algo peor, porque la Constitución establece que sólo se pueden confiscar bienes provenientes de un delito como el narcotráfico, y ninguno de los afectados ha sido juzgado por tales delitos.
            De lo que se desprende que el gobierno toma medidas de carácter político violando el ordenamiento jurídico vigente porque obstaculiza su proceso revolucionario, y juega a permanecer por los siglos en el poder, durante cuyo tiempo nadie podrá hacer cumplir la Constitución Nacional, porque mientras el Poder Judicial obedezca al Presidente de la República o esté de acuerdo con sus decisiones, las llamadas expropiaciones y confiscaciones no serán revertidas por apelación.
            De allí que puede demostrase que estamos ante un régimen de facto, que desconoce el Estado de Derecho vigente, y en la práctica crea un orden jurídico que favorece al pensamiento único del Jefe del Estado, que sus subalternos ejecutan por simple obediencia o por complicidad en los actos violatorios de las leyes venezolanas. Y como no hay apelación que pueda ser atendida por alguna instancia jurídica constituida por jueces nombrados por el Comandante Presidente, la única esperanza que les queda a los agricultores, industriales y comerciantes es un cambio democrático de gobierno, que por  lo estampado en la Constitución Nacional, se podrá producir en las elecciones del 2012.
            Afortunadamente todavía queda en manos de la empresa privada cerca del 70% de la producción nacional de bienes y servicios, lo que en economía se denomina el Producto Interno Bruto (PIB), aunque sigue el despojo de muchas empresas con el pretexto   de que son estratégicas para la alimentación de la población y para la seguridad de Estado.  Pero lo que ha logrado el gobierno es la ruina de esas empresas estatizadas, producir menos e importar aproximadamente el 70% de los alimentos que consumimos, y con las amenazas en general a la propiedad privada, desestimular la inversión nacional e internacional. En síntesis, mayor subdesarrollo, que costará tiempo, grandes inversiones y sabiduría en la conducción del país para revertirlo, para alcanzar un desarrollo sostenido, y como consecuencia un mayor  bienestar de la mayoría de la población
            Queda desde luego el derecho a dejar constancia de haber sido despojado de sus bienes adquiridos legítimamente, y en vez de gastar dinero en juicios interminables, que incluso algunos que han favorecidos a las víctimas no se cumplen, el camino que deben transitar empresarios, trabajadores y la clase media,  es apoyar a la Mesa de la Unidad Democrática para derrotar al candidato de tendencia autoritaria, militarista, centralista y personalista representado en la candidatura de Hugo Chávez,  que pretende llevarnos al  socialismo cubano, al comunismo según palabras del Comandante Fidel Castro..

DE CUBA A CUBILLAS de Luis Marín

Dice el régimen que el etarra Arturo Cubillas no puede ser procesado con base en declaraciones provenientes de unos “terroristas sanguinarios, sin ninguna autoridad ética, carentes de toda credibilidad”; en cambio, Alejandro Peña Esclusa llega meses en prisión acusado por las supuestas declaraciones de Francisco Chávez Abarca, cuya única credencial es ser un terrorista sanguinario, sin ninguna autoridad ética y carente de toda credibilidad.
Por supuesto, hay diferencias: Aquellos son dos ciudadanos españoles, vascos para más señas, militantes convictos y confesos de ETA, que rinden ante un juez español, de cuerpo presente, declaraciones concordantes y luego quedan allí, a disposición de la justicia, a la vista y escrutinio del público.
Éste es uno solo y mientras que dos testigos hacen plena prueba, está escrito que “por la declaración de un solo testigo nadie podrá ser condenado”; su declaración es apócrifa, rendida con pasaporte falso e identidad supuesta, ante un funcionario incompetente, luego se sumergió en Cuba y no puede ratificar lo dicho en el tribunal, ni ser repreguntado, por lo que sus dichos carecen de todo efecto legal.
Pero lo más grave es que estos hechos son de dominio público y notorio, sin embargo, Cubillas sigue mandando y Alejandro sigue preso, sin que pase nada, ni un solo funcionario de la Fiscalía, ni un solo juez, ni siquiera un Colegio de Abogados, ONG, Amnesty International, HRW, OEA, ONU, nadie hace nada.
Y esto se ha vuelto costumbre, al punto que puede considerarse como el logro más alto de la revolución en materia jurídica el establecimiento del principio de  “Desigualdad ante la Ley”.
Recordemos el caso de Puente Llaguno, en que los famosos pistoleros que fueron vistos, retratados y filmados disparando a mansalva contra población civil indefensa no solo fueron absueltos de todo cargo criminal, sino declarados como héroes de la revolución y siguen gozando de remuneraciones y cargos públicos.
Mientras que los comisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y los seis policías metropolitanos fueron condenados hasta a 30 años de prisión, la pena máxima admitida por la legislación penal venezolana, por el ejercicio de las funciones inherentes a los cargos que desempeñaban, perfectamente legales y sin que se les demostrara transgresión alguna.
Algo semejante puede decirse del caso de la juez María Lourdes Afiuni, que se encuentra en prisión por haber dictado una medida que se encuentra entre las atribuciones legales del cargo que desempeña, y que en el supuesto negado de que hubiera sido dictada irregularmente, lo que no se ha demostrado, a lo sumo daría lugar a la instrucción de un expediente administrativo y a la aplicación de una medida disciplinaria; pero nunca jamás a la apertura de un proceso judicial, por hechos que evidentemente ni siquiera revisten carácter penal.
Y aquí llegamos al quid de la cuestión: la flagrancia con que se perpetran las injusticias son un claro mensaje político contra la población. Nadie está seguro de nada, ha desaparecido el amparo de la Ley, no hay garantía para los derechos humanos y ciudadanos. Los comunistas ni siquiera se sienten vinculados por la coherencia de su propio discurso que sirve para unos sí, pero para otros, no. La Ley no es la misma para todos.
Los derechos naturales del hombre se desconocen explícitamente: la libertad, la propiedad, la igualdad, ante lo que sólo queda “la resistencia a la opresión”.
SOCIEDAD PARA EL CRIMEN
Si Cubillas quisiera aclarar su situación y, como dice, no tiene nada que temer, debería presentarse ante el juez español, que es quien lo requiere, no de esta manera teatral ante la Fiscalía de Venezuela, que no lo está buscando y donde no se le acusa de nada, al contrario, como los de Puente Llaguno, él es un héroe de la revolución.
Su esposa, Goiz Eder, es algo así como la mano derecha de Elías Jaua, desde que era Ministro de Tierras y lo sigue siendo ahora, como Vicepresidente. Todos ensañándose en la expoliación de empresarios de origen español con la fruición propia del espíritu de venganza, como no pueden hacerlo en sus tierras de origen.
Da declaraciones ante Ciudad CCS, un diario oficialista que ni siquiera se vende en las calles sino que se regala, porque está completamente financiado con dinero público y ¡que declaraciones!  El retrato cabal de un fanático: jamás dice España o país vasco, sino Euskal Herria.
Además le recomienda a la organización de víctimas del terrorismo que busquen a los culpables del asesinato de sus familiares en el gobierno de Aznar, responsable de la intervención de España en la guerra de Irak, que fue la justificación del atentado de Atocha del 11 de marzo de 2004.
Extraña alusión a un evento que le concedió la presidencia a Rodríguez Zapatero, en un momento en que nadie le apostaba una peseta como ganador. Lo cierto es que la Izquierda Unida y el PSOE sabían con inexplicable certeza que el atentado no lo habría perpetrado ETA sino una supuesta conexión islámica, por lo que pudieron acusar plausiblemente al gobierno de Aznar de mentir deliberadamente.
Pero, ¿cómo podían estar tan seguros los de la IU y el PSOE de la inocencia de ETA, si nunca antes ni nunca después ocurrieron atentados islámicos en España?
El dato duro e incontrovertible es que después de 6 años de gobierno socialista, con reelección incluida, no se pudo nunca encontrar la supuesta conexión islámica. Todos los detenidos de apellido extraño han sido absueltos y el mayor atentado jamás perpetrado en Europa sigue sin solución, sus autores materiales e intelectuales impunes y las víctimas sin satisfacción.
Pero el único problema para la IU, el PSOE y la ETA es que haya surgido ésta molesta asociación de víctimas del terrorismo, que no deja que el asunto se olvide por completo. Que la gente repase las inconsistencias, como ese anzuelo de que la pista reina fuera una mochila con un celular y un ejemplar del Corán, lo que se llama una “bomba caza bobos”.
Usted puede pasarse la vida elucubrando porqué un terrorista islámico iba a meter un Corán en una mochila junto con la bomba que va a detonar, sin preguntarse si no será un pecado volar su libro sagrado; aunque tendrá que convenir que es una buena manera de dejar una pista, no para Sherlock Holmes, sino para Zapatero.
Asimismo, que la tarjeta del celular lo conduzca al quiosco de un marroquí para arrestarlo bajo el cargo tan grave de vender tarjetas telefónicas; y así, hasta el absurdo. Lo que pone de relieve una fantástica operación de encubrimiento de la que no pueden librarse estos partidos y que involucra al propio gobierno socialista.
Otro hecho abrumador es la indolencia, la desidia demostrada por el gobierno de España ante las tiranías de Cuba y Venezuela. Moratinos hizo maña para derrotar cruelmente la protesta que con tanto sacrificio levantaba el disidente Guillermo Fariñas, reivindicando la tiranía de los hermanos Castro.
Ahora, según el Ministro del Interior de España, probablemente Venezuela es un lugar de encuentro de terroristas de todo el mundo, hasta es posible que se adiestren y apertrechen aquí; pero no puede “ni pensarse” que esto ocurra con el conocimiento del gobierno de este país.
Pero ocurre que es el embajador de Venezuela en España quien tercia a favor de Cubillas, desestima las declaraciones de los etarras y acusa a su ministerio, el de Pérez Rubalcaba, de arrancar declaraciones bajo tortura.
Otra sorpresa es que aparece el cónsul de Venezuela en Islas Canarias y antes en Vigo, David Nieves, declarando que su caso no puede compararse con el de los parlamentarios presos en Venezuela porque él no fue procesado por delitos semejantes. ¿Y cuál fue el delito de David Nieves?
Digamos que es un guerrillero involucrado en el secuestro del empresario americano William Frank Niehous, gerente de la Owen Illinois, que resultó ser el más largo de toda la historia criminal de Venezuela.
El hoy flamante cónsul en España es dirigente de la Liga Socialista, el partido de quien fuera padre del alcalde, vicepresidente, presidente del Consejo Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, que tenía su brazo armado, la Organización de Revolucionarios, que planeó y ejecutó el secuestro de Niehous; pero claro, no puede “ni pensarse” que el gobierno sepa quiénes son sus funcionarios.
El argumento más recurrente que se utiliza para explicar esta conducta tan bizarra del gobierno de España son unos supuestos intereses económicos de empresas españolas en Venezuela, que pesarían más que la dignidad del Reino.
Pero esto es otra falsedad de los fabricantes de opinión socialistas, que nunca, ni allá ni aquí, se han movido por intereses comerciales. La verdad está en los vínculos subterráneos de la izquierda mundial. En los magistrados y catedráticos españoles que asesoran y apoyan bajo cuerda a estos regímenes impresentables, mientras detentan altos cargos en la magistratura y la academia española.
Estos señores ven al mundo con la óptica del antifranquismo, de manera que cualquiera que se presente como socialista o comunista, aunque apeste, lo perciben como un aliado circunstancial en su lucha universal contra “el fascismo”.
A estos magistrados y académicos españoles les sorprendería saber que en Venezuela no existe el fascismo y que el dictador los está engañando; pero esto sería nadar contra los prejuicios ideológicos, lo que, como se sabe, es inútil.
Ahora ocurre que Cubillas dicta cursos él solo, para dos alumnos únicamente, para no ver una vasta red operativa mundial. Hace desplantes en la Fiscalía ante la que no tiene nada que temer, al contrario de cualquier venezolano decente, lo que demuestra su inmenso poder.
El régimen dice que no va a deportarlo porque tiene la nacionalidad venezolana, recién adquirida, pero nacionalidad al fin; con lo que parece insinuar que quiere hacerlo pero no puede, porque lo impide esa barrera que es la Constitución.
Ahora bien, los españoles pueden naturalizarse en países iberoamericanos sin perder su nacionalidad de origen, por lo que Cubillas sigue siendo ciudadano español, sometido a las leyes y autoridades españolas y tiene o puede tener pasaporte europeo.
Además, es sabido que cuando una nacionalidad se adquiere con la finalidad de evadir la persecución legal del Estado de origen, puede ser revocada por fraude al derecho internacional privado.
El principio es que la nacionalidad derivada cede ante la nacionalidad originaria, tanto más cuando nunca se la ha perdido.
No obstante, la audiencia española declara que sería “complicadísimo” conseguir la extradición de Venezuela. Tan complicado como que a Cubillas le diera la gana coger un avión y aterrizar en el aeropuerto de Barajas.
¿Por qué este sainete burlesco del que sólo salió el payaso Moratinos, por grotesco y no resultar divertido para la Comunidad Europea; pero los demás siguen haciendo piruetas, aparentando lo que no son?
Quizás el fin de la obra sea un rotundo: “Zapatero, a tus zapatos” y que gobierne quien sepa.