LEGISLAR Y CONTROLAR de Juan Páez Ávila

Desesperado para tratar de superar la derrota que sufrió el 26S, Hugo Chávez ha decidido huir hacia delante y anunciar la radicalización de su proyecto político, colocándose al margen de la Constitución Nacional que ya no le sirve para imponer su pensamiento único y controlar  los aspectos fundamentales de la sociedad, tal como lo logró Fidel Casto en Cuba y Hitler en Alemania, reprimiendo brutalmente a la disidencia, si no la puede someter mediante la aplicación de leyes draconianas.  
El paquetazo de leyes aprobado por la Asamblea Nacional en el mes de diciembre y en particular la Ley Habilitante que delega en el Presidente de la República la facultad de legislar durante los próximos 18 meses, independientemente de la legalidad o no de la misma, limita una de las principales funciones legislativas de la  Asamblea electa en las elecciones  del 26 de septiembre, y en cierto modo reduce su papel a ¨ejercer funciones de control sobre el Gobierno y  la Administración Pública Nacional¨, de acuerdo lo establecido en el artículo 187 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
            De allí que la Asamblea Nacional que se instala el 5 de enero de 2011 se convertirá  en el centro de  investigación de la administración de los presupuestos de cada  ministerio, institutos autónomos e incluso de los gastos del Presidente de la República, sin poder evitar los debates requeridos  sobre hechos de corrupción que se detecten en dichas investigaciones, debates que se producirán también en las calles y en los medios de comunicación social. La Comisión de Contraloría podrá pedir cuentas o información al Contralor General de la República sobre denuncias de corrupción supuestamente engavetadas, que se refieren a negociaciones al margen de la legislación venezolana, por parte de altos funcionarios de la actual administración, porque los delitos de corrupción no prescriben.
            Igualmente la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos y sociales en general establecidos en la Constitución vigente, podrá y deberá vigilar y denunciar la comisión de delitos contra ciudadanos a quienes se les violan sus derechos en diferentes dependencias publicas, especialmente por parte de organismos policiales  y militares, que actúan por órdenes superiores o por abusos de sus integrantes. Estos delitos, como los relacionados con la corrupción administrativa podrán ser llevados, incluso, a organismos internacionales a los cuales pertenece Venezuela y cuyas leyes y reglamentos ha firmado y refrendado nuestro país. Como es sabido estos delitos relativos a la violación de los derechos humanos tampoco prescriben en el tiempo y son sancionados con penas también aprobadas por Venezuela.
            Incluso las leyes que apruebe el Presidente serán objetos de debate en la Asamblea, en las calles y en los medios de comunicación y redes sociales de alcance internacional, salvo que el gobierno viole la Constitución y detenga a los parlamentarios.
            Afortunadamente la Mesa de la Unidad Democrática le ha dicho al país, que no se puede caer en provocaciones, que la utilización de la Fuerza Armada contra agricultores y ganaderos del sur del Lago de Maracaibo, contra las universidades y en particular contra los estudiantes, contra los buhoneros y el asalto a hoteles y edificios en construcción, no le darán viabilidad al proyecto del socialismo cubano que Chávez se empeña inútilmente en aplicar.
            La oposición debe ser más contundente en el rechazo a las medidas represivas del gobierno, pero sin caer en la desesperación, sin salirse del contexto de la Constitución Nacional vigente. Hugo Chávez pierde respaldo cada día y con sus disparates  y bravuconadas sólo asusta a una minoría de débiles de espíritu para la resistencia cívica. La mayoría de los venezolanos lo derrotará en las elecciones de 2012, por eso se desequilibra y se aterroriza al verse ante un posible tribunal internacional, para ser juzgado como violaciones a los derechos humanos y beneplácito con la corrupción administrativa, e incluso algunos investigan y hablan de delincuencia organizada. No es el momento para dejarse atrapar por el miedo, aunque la revolución castro chavista esté armada. La lucha cívica ha derrotado a poderosos ejércitos y  grupos de matones, como sucedió en el Chile de Pinochet y en la Unión Soviética, donde el ejército no disparó contra el pueblo.
            Es el momento de la inteligencia contra la fuerza bruta, de la creatividad y sabiduría contra la ignorancia y la incapacidad para gobernar en democracia. También es hora de los Partidos Políticos, a los cuales hay que apoyar en su proceso de recuperación, para cerrarle el camino a aventureros y a demagogos que predican el don del estado de derecho, pero violan todo las leyes que se convierten en obstáculos para sus planes autocráticos y represivos. El país aprendió a vivir en democracia y más  temprano que tarde la recuperará.