Dgcim se consolida como nuevo centro de torturas en Venezuela

 
Si las acusaciones de presuntas torturas no son suficientes, en la Dgcim han visto como en menos de un año, tres personas bajo su custodia han fallecido por causas vinculadas a violaciones reiteradas de derechos humanos

La Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) nació luego de una violación a derechos humanos. La noche del 27 de noviembre de 2005, seis jóvenes fueron atacados por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM) tras la muerte de uno de sus funcionarios en el sector Kennedy, una barriada al oeste de Caracas.
 

El ataque de funcionarios de la DIM y otros cuerpos de seguridad, que quiso presentarse como un enfrentamiento con bandas armadas, dejó a tres jóvenes asesinados y el resto heridos de bala.

Tras descubrirse la actuación de más de 27 funcionarios en estos hechos, el entonces presidente Hugo Chávez decidió la intervención de este organismo, que está adscrito al Ministerio de Defensa y que pasó a ser conocido como la Dgcim.

Desde entonces, la Dgcim se mantuvo en las sombras y con denuncias aisladas sobre violaciones a la integridad personal o presuntas torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, de los cuales se desconoce si fueron procesados por las autoridades judiciales.

Según datos de abogados y organizaciones no gubernamentales, entre 40 y 50 civiles o militares permanecen detenidos dentro de la sede de Boleíta, el cuartel principal de la Dgcim en el país. Los familiares de gran parte de estos presos, casi todos por motivos políticos, han denunciado ser víctimas de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Para recluir a una persona en Boleíta parece que debe cumplir con cierto perfil: De ser militares, deben haber sido acusados de traición a la patria, rebelión o delitos contra el decoro militar, los principales tipos penales que ha imputado Fiscalía Militar a los más de 20 efectivos, la mayoría altos rangos, de los distintos cuerpos de la Fuerza Armada Nacional que permanecen en esas instalaciones.

En el caso de los civiles, las imputaciones que realiza el Ministerio Público son más amplias. Por ejemplo, en Boleíta permanecen recluidos varios exdirectivos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Citgo, acusados de corrupción, o señalados de cometer “instigación pública” como fue el caso de la clarinetista Karen Palacios.
¿Qué hace la Dgcim?

Mantener detenidos a presos políticos no es la misión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Según su página web, que no muestra mayor información sobre sus operaciones, la misión de la Dgcim es la de “ejecutar operaciones de contrainteligencia que impidan, corten y prevengan las actividades de espionaje e inteligencia enemigas”.

Además, se incluye entre sus funciones el “contribuir con la investigación penal en el ámbito militar y civil para garantizar la protección del Comandante en Jefe y la seguridad” de la Fuerza Armada Nacional, todo ello mediante “el mantenimiento de apresto operacional, fortalecimiento de la disciplina, seguridad de la información y el correcto uso de los procedimientos militares”.

Distintas organizaciones no gubernamentales y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) han denunciado una escalada en la violación de los DDHH en Venezuela a partir de 2014, cuando se realizaron una serie de protestas, bajo un movimiento denominado “La salida”, que buscaba la renuncia de Nicolás Maduro al poder.

Fue a partir de 2017 cuando la Dgcim empezó a tomar “relevancia” en las denuncias sobre violaciones a la integridad personal, cuando concentró el 17,4% de los casos, según datos del Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (Provea). Ese año tan solo fue superada por las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB) y la Guardia Nacional.

El cambio en la dinámica del conflicto y el creciente temor del gobierno de facto ante un posible alzamiento militar, propició que por primera vez en los registros del Informe Anual de Provea los miembros de la FAN encabezaran la lista de personas torturadas. Históricamente, el perfil de las víctimas de torturas corresponde a hombres jóvenes y pobres, señalados por los órganos de seguridad como presuntos delincuentes”, indicó Provea en su publicación.

La ONG también registró que desde 2017 se han incrementado las denuncias por presuntas torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de los detenidos en este cuerpo de seguridad militar.

A esto se suman las denuncias de desapariciones forzadas, que también constituyen violaciones a los derechos humanos, cometidas por todo el estamento de la Dgcim. Un abogado comentó a TalCual, bajo reserva de su nombre, que se puede afirmar la existencia de un patrón en los cuerpos de seguridad y cómo proceden ante los presos políticos.

“En muchos casos son detenidos de forma arbitraria, sin orden judicial o aparece días después de que se practicó la detención, luego son llevados a los centros de reclusión y no se sabe más de ellos hasta días o semanas después, generalmente entre 7 y 10 después, cuando son llevados directamente a tribunales para la audiencia de presentación”, detalló el abogado.

El jurista explicó que luego “pasan por periodos de aislamiento, que puede superar el mes. No son vistos por sus familiares ni sus abogados, se desconoce su estado de salud. Muchas veces este tiempo lo utilizan como “castigo” y para que las marcas dejadas por las golpizas no sean tan visibles”.

La Oacnudh, en un informe sobre Venezuela publicado en junio de 2018, documentó una serie de denuncias donde estuvo involucrada la Dgcim. Esta instancia de Naciones Unidas registró más de 90 casos de tortura cometidos en 2017 y afirmó que los agentes de seguridad de este organismo recurrieron de forma notable a estos métodos para obtener una confesión, información e intimidar y castigar a los detenidos.

Entre las torturas o tratos crueles aplicados estarían las golpizas, aislamiento forzado, negación de alimentos, agua o atención médica, esposamiento por largos períodos de tiempo, descargas eléctricas o amenazas sobre ello, golpes excesivos hasta romper costillas, simulaciones de ejecución, cortes en plantas de pies, ahogamientos simulados, la llamada “tortura blanca”, colgamientos, asfixia parcial con capuchas o carpetas amarradas con cintas plásticas, etc.

Los casos más graves tuvieron lugar por lo general en locales del Sebin, la Dgcim y del Ejército, en todo el país. Algunas personas fueron retenidas en lugares de detención no oficiales”, dice parte del informe del Alto Comisionado.

Para 2018, la visibilidad de la Dgcim como organismo donde se practican torturas superó definitivamente a otros cuerpos como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la GN, FAES e incluso el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y criminalísticas (Cicpc).

Según datos de Provea, la Dgcim encabezó en 2018 las denuncias por presuntas torturas en todo el país. De 100 casos registrados, 75 personas señalaron directamente a este cuerpo de seguridad de ser responsable de esta violación a los DDHH.

Además, Provea también identificó que este cuerpo de seguridad estuvo involucrado en 431 casos de violaciones a la integridad personal, lo que incluye desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como negación a la alimentación y otros derechos.

Si las acusaciones de presuntas torturas no son suficientes, la Dgcim ha visto como en menos de un año, tres personas bajo su custodia han fallecido por causas vinculadas a violaciones reiteradas de derechos humanos.

En diciembre de 2018, el expresidente de Pdvsa y exministro de Petróleo, Nelson Martínez, falleció en el hospital militar Dr. Carlos Arvelo por una sepsis generalizada, fallas hepáticas, renales y coronarias relacionadas a un antiguo problema de salud. Martínez estaba recluido en Boleíta desde diciembre de 2017 y sus familiares denunciaron que la negación de atención y tratamiento médico fueron las verdaderas causas de su deceso.

En 2019 también se registró la muerte del sargento primero Luis Armando Monsalve Estaba, quien se habría suicidado en mayo tras ser víctima torturas por sus compañeros, según informaciones que recibió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El funcionario de la Guardia Nacional estaba destacado dentro de la sede de la Dgcim en Boleíta, y habría sido apresado tras revelar planes de traslado de algunos detenidos.

El 28 de junio de este año se conoció la muerte del capitán de corbeta retirado Rafael Acosta Arévalo, antes de ser presentando en tribunales por presuntas torturas. El militar de la Armada estuvo desaparecido forzosamente durante una semana, a pesar de que las leyes venezolanas establecen que un detenido debe ser presentado en las 48 horas siguientes en un tribunal.

Sobre el caso de Acosta Arévalo se pronunció la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, quien lamentó que dentro de las imputaciones que se hicieron a dos funcionarios de la Dgcim no se haya incluido el delito de tortura.

Por su parte, la CIDH ha dictado siete medidas cautelares particulares a favor de presos, todos ellos militares, en la Dgcim, así como una medida cautelar general que beneficia a todos los detenidos en ese centro, pero han sido incumplidas de forma reiterada por el Estado venezolano.

También la Asamblea Nacional exigió en marzo de 2019 la destitución inmediata de nueve funcionarios de altos mandos dentro de la Dgcim por ser permisivos o responsables con las torturas que se practican en ese centro de detención.

Se debe recordar que Hugo Carvajal, diputado del parlamento venezolano y exdirector de la Dgcim, dijo en marzo pasado que fue Nicolás Maduro quien ordenó la instalación de un sistema de torturas dentro de ese organismo, y que afecta a todos los detenidos.

Todos estos llamados y exhortos no parecen hacer mella en los funcionarios. “Vamos por ustedes”, fue el mensaje que enviaron a familiares que exigían una fe de vida de los detenidos, tras una serie de protestas frente a ese organismo a principios de julio, luego de la muerte del capitán Acosta Arévalo.

A todos les quitaron las pertenencias, se las devolvieron a los familiares o se las robaron. Ahí dentro hay gente como De la Sotta o Marín Chaparro, que no los han visto los familiares desde hace más de dos meses. Yo tengo 15 días sin ver a mi familiar, no sé como está”, dijo la familiar de uno de los militares detenidos en la Dgcim.

Bajo reserva de su nombre, dijo que esas amenazas de la Dgcim no pueden ser tomadas como una “promesa al aire”. “Las cuatro veces que he denunciado con nombre y apellido las golpizas, que no dejan verlo, que no les dan comida o agua, en la noche me han ido a allanar la casa. Se roban las cosas, nunca han tenido una orden judicial. Por eso algunos ya tenemos miedo de denunciar públicamente lo que pasa”.
Sanciones

Julio ha sido el mes de las sanciones para la Dgcim. El 1° de julio de 2019, Estados Unidos sancionó al mayor general Iván Hernández Dala y lo incluyó en la lista OFAC por su responsabilidad en la violación de derechos humanos mientras ha estado al frente de este cuerpo de seguridad.

Hernández Dala, director del organismo desde 2014, ya había sido sancionado por la Unión Europea, y los gobiernos de Suiza y Canadá por su vinculación a la violación de DDHH en el país.

Diez días más tarde, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al organismo después de la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, congelando todas las propiedades que la Dgcim pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y prohibiéndoles hacer transacciones financieras con cualquier persona que se encuentre en EEUU.

La administración Trump siguió acortando los tiempos entre una sanción y otra. El 19 de julio sancionaron a cuatro funcionarios, todos altos mandos dentro de la Dgcim, al ser señalados de su responsabilidad en las torturas sufridas por los detenidos en Boleíta.

El subdirector Rafael Ramón Blanco Marrero, el coronel del Ejército Rafael Antonio Franco Quintero, el mayor Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la Unidad de Asuntos Especiales del organismo militar; y el coronel Hannover Esteban Guerrero Mijares, son los funcionarios sancionados por el Departamento del Tesoro.

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