Nicolás está desnudo: qué asco, por Naky Soto


El informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, fue dado a conocer un día antes de lo previsto. Esta versión del documento, de 18 páginas, abarca el período de enero de 2018 a mayo de 2019, y está basado en el análisis de documentos que el ACNUDH reunió y examinó, (advirtiendo que el acceso a datos oficiales es limitado, y que las estadísticas son “escasas e inexistentes en algunos ámbitos”),


además de hacer entrevistas a víctimas, testigos, abogados, médicos, periodistas, defensores de los DDHH, y ex militares y oficiales de seguridad, que le permiten a Michelle Bachelet evaluar con criterio el régimen de Nicolás y denunciar que en Venezuela se violan los derechos económicos y sociales de los venezolanos. La Alta Comisionada advierte que evaluó la credibilidad de sus fuentes y contrastó la información para confirmar su validez, lo que les permite afirmar que “los patrones que se describen en el informe constituyen violaciones de los derechos humanos”. Es un informe exhaustivo que describe el horror del chavismo y su dictadura. La importancia del informe de Bachelet es tanto las denuncias de su contenido como su carga simbólica. Su esbozo detallado de los abusos es muy valioso porque confirma y acompaña las acusaciones hechas por las ONG locales y la prensa durante muchos años.

Sobre los derechos económicos y sociales

Sobre estos derechos, el informe advierte el desplome del poder adquisitivo y adelanta como causas a la violación al derecho a un nivel adecuado de vida: “El desvío de recursos, la corrupción y la falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión”. Sobre el derecho a la alimentación, comienzan advirtiendo que el Estado no garantiza que la población no pase hambre, que las cajas CLAP no cubren necesidades nutricionales elementales y que el Gobierno no ha demostrado interés (ni inversión) en solventar este drama. La falta de acceso a alimentos, la escasez y los altos precios explican por qué millones de personas coman una o, con suerte, dos veces al día. El informe dice: “las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos, aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria”.

“La situación es grave”

Así resume la introducción el estado del derecho a la salud, explicando la suma de variables críticas: una infraestructura deteriorada por años, el éxodo de médicos y enfermeros, la escasez de medicamentos, la reaparición de enfermedades controladas y erradicadas, y la falta de acceso a todos los tipos de anticonceptivos, que deriva en tres grandes tragedias: aumento del riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, aumento de la tasa de embarazos no deseados y de embarazos en adolescentes (65% más desde 2015), que deriva en la principal causa de deserción escolar entre las adolescentes. Entre 2018 y 2019, 1.557 personas murieron por falta de insumos en hospitales, y solo en marzo, durante los apagones, murieron 40 pacientes más. Dice el documento, las “violaciones al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos”; es decir: ni el fulano “bloqueo” justificaría la negación del derecho a la salud.

Programas y políticas sociales

El informe acusa el fracaso de los programas sociales llamados “misiones”, enfatizando la discriminación política que rige para ser beneficiario de los mismos: son manejadas por el Psuv, no por instituciones del Estado; a través del “carnet de la patria”, no con la cédula de identidad; y se hacen bajo coacción continua, porque la actividad política de los beneficiarios es monitoreada. La oficina de la Alta Comisionada recabó testimonios de mujeres señaladas por su activismo, amenazadas por otros líderes comunitarios y por colectivos, que fueron excluidas de los programas sociales: “en ocasiones preferían no exigir sus derechos, incluido el derecho a pronunciarse en contra del Gobierno, por miedo a represalias”. La discriminación por causas política es una violación grave y quedó registrada.

El mito de las medidas coercitivas unilaterales

Sobre las sanciones, el informe dice: “La gran mayoría de las sanciones que han sido impuestas a la fecha por varios Estados (…) son de naturaleza selectiva y consisten en prohibiciones de viaje y congelación de activos”, y añade que aún cuando el Gobierno ha atribuido la culpa de la crisis económica a las sanciones, “la economía venezolana, especialmente su industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial”- Esto además lo confirman las cifras publicadas por el mismísimo Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019. Las últimas sanciones económicas, dice la Alta Comisionada, “están agravando aún más los efectos de la crisis económica”, pero no son las responsables.

Violaciones a los derechos políticos

Sobre la libertad de opinión y expresión, el informe describe cómo ha empeorado la hegemonía comunicacional y las restricción a los medios de comunicación independientes; cuánto aumentaron las detenciones de periodistas, y por qué las redes sociales son en la actualidad el principal medio de información, pero también son bloqueadas. Se denuncia la represión selectiva y la persecución por motivos políticos, que supone la aplicación de “leyes y políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas”, neutralizando, reprimiendo y criminalizando a opositores y críticos, con prácticas que incluyen desde el aumento de la militarización de las instituciones del Estado hasta el uso de civiles en tareas de inteligencia con fines coercitivos.

La violencia del Estado

Descrito el aparato de seguridad del Estado, el informe afirma que la Guardia Nacional y la PNB han sido responsables del uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014. Las FAES han sido responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales, al igual que el CICPC. El Sebin y la Dgcim han sido responsables de detenciones arbitrarias, maltratos y tortura de opositores, mientras los colectivos ejercen “control social” y apoyan estas formas de represión. Bachelet denuncia la proporción sorprendentemente elevada de presuntas ejecuciones extrajudiciales, pero además, reclama que las instituciones responsables de la protección de los derechos humanos (Fiscalía, jueces y la Defensoría del Pueblo), no llevan a cabo investigaciones sólidas, no llevan a los responsables ante la justicia, ni protegen a víctimas y testigos. La “inacción contribuye a la impunidad y a la repetición de las violaciones”, de ahí el amplio desarrollo que el informe otorga a las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, citando que en la mayoría de los casos de presos políticos se sometió a mujeres y hombres detenidos “a una o más formas de tortura o trato o pena cruel (…) para extraer información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas”. Recuerden que tampoco hay sanciones económicas que justifiquen la tortura.

Conclusiones

El informe de la Alta Comisionada considera que existen motivos razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los derechos económicos y sociales en Venezuela, incluyendo que el Gobierno se negara a reconocer la magnitud de nuestra crisis hasta hace poco; que los programas sociales operen por discriminación política y como instrumento de control social, y que se haya restringido el espacio democrático. El Gobierno ha cometido numerosas violaciones de los derechos humanos y el Estado ha denegado sistemáticamente los derechos de las víctimas de violaciones a la verdad, la justicia y la reparación; siendo la impunidad el sello para reproducir el horror. La Alta Comisionada lo dice claramente: “le preocupa que, de no mejorar la situación, siga aumentando el éxodo sin precedentes de personas migrantes y refugiadas venezolanas y que las condiciones de las personas que permanecen en el país empeoren”.

Recomendaciones

El informe le exige al Gobierno que adopte medidas para “cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos”, en particular la tortura y las ejecuciones extrajudiciales. Demanda investigaciones efectivas, la libertad de todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad, que detenga y castigue la persecución y la represión por motivos políticos, que proteja a los defensores de DDHH y a los periodistas, y que cese toda intimidación y ataques contra los pueblos indígenas, que han sido masacrados y desplazados. Recomienda disolver las FAES y establecer un mecanismo nacional imparcial e independiente, para investigar las ejecuciones extrajudiciales, asegurar que sus responsables rindan cuentas y que las víctimas sean reparadas.

Este es un informe exhaustivo y sólido, que certifica denuncias que por muchos años han realizado organizaciones defensoras de DDHH, gremios, periodistas, parlamentarios y universidades. Su valor reside en describir nuestro horror, por lo que, cualquier apoyo internacional que reciba el chavismo en adelante, será el apoyo para una dictadura, no porque lo decimos sus ciudadanos, sino la Alta Comisionada de DDHH. Además, cada uno de los datos sustanciados y documentados, podrán servir como insumos para las investigaciones que se realicen en la Corte Penal Internacional.

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